Es bueno recordar que Argentina es uno de los países con los más altos costos de “legalidad laboral”, afectando por una parte la competitividad internacional de las empresas radicadas en el país, sean nacionales o incluso extranjeras, con algunas excepciones, y por otra impide romper el núcleo duro de la informalidad que afecta a más de un tercio de los trabajadores.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundió datos preocupantes sobre la evolución del empleo en Argentina: la tasa de desempleo cayó  a 8,7% en el segundo trimestre de 2017 contra el 9,3% del mismo período del año pasado. Esta baja sería positiva en un balance superficial, pero el problema subyace en el genoma de la variación. Esta atiende según los expertos, por una parte a una disminución de la población económicamente activa,  lo que coloquialmente puede entenderse  a que menos personas buscan trabajo actualmente, y por otro a un aumento sostenido en las tasas de los “trabajos en negro” que se gestan en el país.  

En concordancia a lo expuesto, es menester para el ejecutivo estudiar la implementación de incentivos positivos, en base a medidas eficientes, que reduzcan la informalidad laboral, la que llega a más de cuatro millones de trabajadores, y poder lograr “un shock de formalidad en el mercado del trabajo”.

Por último, revisión integral del sistema jubilatorio. Es una medida en estudio en prácticamente todos los países de Latinoamérica, la cual aumentaría las edades de jubilación en hombre y mujeres, ya que la esperanza de vida ha aumentado conllevando  a mayores costos al Estado y privados.   

Por ende, el Gobierno trabaja desde el año pasado en la  creación de una reforma laboral, forjada en un proyecto de “blanqueamiento laboral”, la que cuenta con seis puntos claves a su parecer.

Primero, la reducción de aportes patronales. El gobierno plantea ofrecer a los empleados hacerse cargo durante un periodo de máximo tres años de los aportes otorgados por los nuevos empleados que se tomen del segmento laboral no registrado. La finalidad de la medida se gesta en blanquear a miles de trabajadores, reducir el desbalance actual del sistema previsional, y así evitar un aumento del desempleo.

El análisis económico-legal que podemos someramente vislumbrar se traduce en la necesidad de generar exenciones tributarias, las cuales otorguen los incentivos sustantivos a las empresas, bajo el recaudo del posible aumento del gasto fiscal, ya que gran parte del proyecto se financiaría con aportes del tesoro. (La trascendencia de un estudio económico del proyecto, se condice a que un  aumento del gasto interno por sobre el producto puede conllevar a una proliferación inflacionaria, la cual ha sido en la actualidad uno de los bastiones políticos del gobierno imperante).

Segundo, alcance de los beneficiarios.  La medida intentara focalizarse en PYMES y trabajadores jóvenes,  en base a un cálculo de remuneración bruta  en pesos de $12.000.-. Esta determinación podría sufrir variaciones en el proyecto final, ya que las principales cámaras empresariales y la CGT han sugerido al gobierno ampliar tal segmento de beneficiarios.

Es procedente estudiar la ampliación de beneficiarios, si se estima la estructuración de una reforma que genere al “shock” deseado. Favorecer a una población activa que porcentualmente, solo llega al 18% de los trabajadores, solo generaría una “variación decorativa”, más que un cambio profundo. 

Tercero, transformación de planes asistenciales. Es una de las modificaciones más enriquecedoras desde una mirada de incentivos económicos, ya que, en lugar de subsidiar a un desempleado o a un empleado informal como se puede generar actualmente, se otorgaría una especie de “wild card”, tratando de subsidiar una parte del salario convencional mientras dure la prestación social.

Cuarto, condonación primordialmente a sectores específicos. El gobierno buscara incentivar a los sectores que “registran” un mayor número de vinculaciones laborales en negro como son las industrias textiles, campo y construcción.

Quinto, control. Todo proyecto tiene en su construcción puntos de flaqueza, y este es a nuestro parecer el punto de inflexión. No se condice este elemento a la adecuación de las intenciones fundantes que desea el proyecto. Desde la época del gobierno anterior, se estudia la posibilidad de establecer el Registro de empleadores con sanciones laborales, lo que bajo un análisis económico de la norma, no solo desvirtúa incentivos a una mayor flexibilidad laboral que fomente el blanqueamiento, sino que prevé estipular multas registradas a empresas, que tengan empleados no registrados que cumplan las condiciones de ser beneficiados,  desmejorando la posibilidad de los trabajadores de ser contratados, ya que las empresas tendrán desde una óptica cousiana mejores opciones si escapan de aquello que pueda generarle problemas a sus derechos privados ya determinados.